La Primera Cooperativa de Prostitutas Autónomas


05 marzo 2014  - 
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La Primera Cooperativa de Prostitutas Autónomas
Sealeer es el nombre de la primera cooperativa conformada por prostitutas autónomas, once exactamente, y profesionales que cotizan a la Seguridad Social. ¿Podría ser esta la manera de autorregularse ya que las instituciones no se quieren hacer cargo del vacío legal?

Sealeer Sociedad Cooperativa de Servicios, cuya presidenta es
María José López Armesto, se anuncia en las guías de teléfonos de empresas como cualquier otra. Pero no es igual que cualquier otra empresa, es la primera organización que ofrece servicios sexuales explícitamente, que obtuvo su licencia por medio de la Dirección General de Comercio y Empresa (sección de la Consejería de Economía y Competitividad) en Baleares.

Para muchas les sonará a un sueño hecho realidad, por fin se puede ser prostituta y cotizar a la Seguridad Social, autoemplearse y no rendir cuentas más que ante Hacienda, para eso Hacienda somos todos. Para otros, en cambio, esto puede ser una mala noticia porque sus redes de tráfico de personas se verán afectadas, quizá sea el primer paso hacia la iluminación de este sector tan olvidado quizá por ser una situación altamente rentable para todos excepto para las interesadas.

Once prostitutas de Ibiza se han unido bajo esta forma empresarial y han logrado, tras varios intentos, inscribirse como una empresa más, de hecho se incluye la expresión “profesionales del sexo” en su constitución. Cristina Garaizábal, presidenta del Colectivo Hetaira que lucha por la legalización de la prostitución en nuestro país desde hace veinte años, ha declarado que “no hay precedentes”.



Tan exitosa ha sido la culminación de este largo camino que pronto se han citado con el colectivo Genera de Barcelona que defiende los derechos de las prostitutas para darles una charla que guíe los pasos de las compañeras con el objetivo de pasar a la legalidad y la independencia en el trabajo. Clarisa Velocci, la portavoz de Genera ha subrayado que su intención no es copiar el procedimiento que han seguido en Ibiza porque las necesidades y situaciones de una y otra no son iguales con lo que se basarán en la experiencia para adaptarla a la capital catalana.

El hundimiento del proxenetismo

Este reconocimiento de la cooperativa de servicios sexuales es un bombazo para los proxenetas de la isla. El hecho de que una mujer pueda adscribirse a esta entidad llamada Sealeer elimina intermediarios, mafias y abuso de un plumazo. Qué simple era poner la vida fácil a estas mujeres y cuánto tiempo ha tardado en llegar este gran paso. A partir de ahora una chica que quiera dedicarse libremente al sector en cuestión solo debe ser mayor de edad, no tener ninguna discapacidad psicológica y poseer documentación en regla. Además, deberán pagar una cuota de 300€ cada cuatro años para el mantenimiento del personal administrativo y lo demás que ganen, será íntegro para ellas después de pagar sus impuestos como casi todo el mundo hace en España.

La llegada a esta situación de legalidad comenzó hace tiempo con las interesadas intentando inscribir su cooperativa con la mención explícita de “servicios sexuales”. Y es que si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. En 2012 presentaron la solicitud, la cual fue denegada y solo tras presentar un recurso con la jurisprudencia existente lograron el preciado permiso.

La juez comprometida con las prostitutas

Gloria Poyatos, ejerce como abogada y profesora en la universidad de Gerona, así como magistrada del Juzgado de Lo Social de Arrecife, en Lanzarote. Por si esto fuera poco y como experta en legislación sobre prostitución, impulsó la legalización de la prostitución desde la práctica, saltándose manifestaciones y el deambular desde una sala a otra reivindicando; directamente, en el año 2011, se inscribió en la Seguridad Social como prostituta.

Con la idea de iniciar trámites legales al recibir la negación, grande fue su sorpresa al comprobar que la habían dado por válida. Para que todo el proceso fluyese tuvo que seguir con el estudio y darse de alta en el Impuesto de Actividad Económica, la funcionaria que la registró pidió varias veces que le repitiera la profesión. Estupefacta, tuvo que llamar a su superior para que le indicara cómo proceder. Al fin del trámite, la juez se dirigió a la Tesorería de la Seguridad Social para continuar con el proceso del alta.

Con su periplo, la juez demostró que es posible legalizar la prostitución y liberar a estas mujeres de las mafias. Además, el mirar hacia otro lado no hace más que empeorar su situación y perder millones de euros en las arcas públicas debido a la economía sumergida que alimentan los mismo políticos sin proponer nada. La juez, en su presentación del libro Prostitución como trabajo autónomo, subrayó que para que las prostitutas pasen a la legalidad solo deben hacerse autónomas.

“Hay que cambiar las cosas a favor de ellas”

A raíz del nacimiento de la cooperativa Sealeer, la juez ha participado en conferencias en Ibiza donde ha declarado que desearía que la prostitución no existiese pero que por hoy es una quimera eliminarla, sin embargo, esto no es una excusa para dejar de regularla; su intención es hacer este trabajo lo menos penoso posible.

Poyatos ha asegurado en esas conferencias que en Ibiza ejerce más de dos mil chicas a las que nadie les da de alta en la Seguridad Social ni siquiera trabajando en clubes de alterne. Preguntada sobre la diferencia entre un empresario que se lucra con sus trabajadores y otros que se lucra con las prostitutas, respondió que, en el caso de la prostitución, que una tercera persona obtenga beneficio de la actividad sexual de alguien puede atentar contra la libertad sexual de quien practica la prostitución.

La juez reconoció que muchas las chicas pueden estar dadas de alta pero cotizan como peluqueras y esteticistas, lo cual es contraproducente puesto que necesitan un régimen laboral propio y especial, «similar al de los mineros», que prevea un menor tiempo de cotización para acceder a la jubilación debido a las condiciones especiales y de riesgo en las que trabajan.
«Hay que cambiar las cosas a favor de ellas», concluyó la magistrada. 
05 marzo 2014  - 
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